Carlos Sánchez Mato
El proceso de
reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la
senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno
español el 20 de julio del presente año.
Se ha publicado el
Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53
mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander,
BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas
ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades
en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para
cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros,
ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las
inevitables pérdidas que ocultan en sus balances.
El siguiente paso ha
consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de
recapitalización. A continuación, solamente
en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se
realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una
Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de
gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones
realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB
alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos,
inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia,
Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el
Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y
Caja España-Duero).
El Gobierno defiende que
la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los
activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del
sector bancario.
Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone
asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades
bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos
que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para
resolver el problema de la quiebra de las entidades.
- La
Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El
volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará
ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el
problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60%
de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades
bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los
encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de
construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden
considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares
destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a
los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con
garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el
saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a
familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser
conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han
desplomado.
- Los
recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son
insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará
en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir
los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la
sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser
bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una
adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de
elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800
millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada)
la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55
mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible
que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las
entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más
apalancamiento.
- Como
consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco
Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos
con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir
de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés
con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los
quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese
tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones
de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a
corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a
los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una
rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban
estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su
balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco
Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo,
la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no
está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de
préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios
de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de
financiación a corto plazo.
- El traspaso de
activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una
paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de
los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de
activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica
el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad. Dada la normativa, cambian activos con
riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin
riesgo. El resultado es que los
requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con
respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector
cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen
las exigencias con un nuevo artificio contable.
- SAREB se presenta como una sociedad “que
no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata
de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos
iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros
entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación
minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen
como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La
sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el
Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de
España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su
actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por
el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Simular que no
es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.
- Los
inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de
una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto
sobre Sociedades). Si se trata de
inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por
su participación en SAREB.
- Aún con las ventajas fiscales, será
extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores
privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de
activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre
el capital invertido del 14%-15% en
un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de
activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los
precios de transferencia son similares a los del escenario adverso
planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado
altamente improbable hace un mes). Se
trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la
burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados
será posible su venta. La media será un
descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del
79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las
viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el
descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y
del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.
- Se ha optado por realizar el traspaso de los
activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos
con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar
esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que
se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una
referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”.
Es decir, se establece un doble
criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos
en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones
por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que
a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill
Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de
traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649
millones para Unicaja-Caja España,
de 1.724 millones para KutxaBank,
de 1.272 millones para Sabadell-CAM.
El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones
afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones
solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000
millones para poner sus activos a precios del 'banco malo' y el Popular tendría que asumir un
deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34
mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han
“aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que
las que han precisado apoyo público.
- Para alcanzar la
rentabilidad presupuestada, SAREB deberá
conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual:
financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no
solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que
las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos
traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan
aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su
cuota de mercado en el sector inmobiliario.
- SAREB no ha
planteado en su plan de negocio ninguna
alternativa en materia de política de vivienda diferente a las
estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro
país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece
evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.
La
conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases
anteriores de la crisis financiera, se
ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados
que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma
posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la
quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos
a inversores privados.
No es malo,
es peor.