Editorial
El Gobierno se echa flores a sí mismo en el Debate sobre el Estado de la Nación, porque pretende que ya se sale de la crisis, según sus cálculos de feliz abeja Maya en un país multicolor. Y, al mismo tiempo, decide que Bankia, salvada de la quiebra con miles de millones de euros de todos, se empiece a privatizar con la venta del 7.5% de las acciones. Una vez más se salvan bancos a costa de recortar derechos y servicios esenciales, se privatiza todo lo que se mueve, además de que el Estado paga 105 millones diarios de euros por intereses de deuda pública. Una deuda que aumenta exponencialmente para continuar salvando bancos.
Además, el Gobierno del PP vende presuntas medidas parta crear empleo como la cotización plana de cien euros a la seguridad social, que ya se han apresurado a desmontar economistas críticos. Ni siquiera es pan para hoy y hambre para mañana, sino una rebaja salarial más, pero ésta proyectada hacia el futuro próximo. En realidad, la presuntas medidas para incrementar el empleo son menos gastos sociales para las empresas, que forma parte de la dicha devaluación interior, y menos ingresos para la Seguridad Social.
Pero además del desafuero económico, un toque que remata la calaña de este Gobierno es la práctica derogación de la justicia universal en España. Con urgencia, con la oposición de todos los grupos parlamentarios (salvo el solitario diputado de Unión del Pueblo Navarro), con el desacuerdo frontal de casi todas las asociaciones judiciales y de fiscales y, por supuesto, con la denuncia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos con Amnistía Internacional a la cabeza, el Partido Popular concede impunidad en el Reino de España a los grandes criminales.
La aprobación urgente de la supresión de hecho de la justicia universal permite archivar asesinatos como el del cámara José Couso en Bagdad, del jesuita Ellacuría y sus compañeros en El Salvador o el genocidio tibetano. Pero, que más da, si se van de rositas los dirigentes chinos encausados por diversos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Que es lo que esta derogación de la justicia universal busca de entrada.
Por fortuna y por justicia, sigue el lento proceso de resistencia ciudadana hacia el cambio. Ahora se concreta en las marchas por la dignidad que arrancan de diversas ciudades y confluirán en Madrid el 22 de marzo próximo. Como se ha dicho, no es una movilización más. Es la voluntad unitaria de los desposeídos, de la ciudadanía vulnerada, para tomar el poder político y cambiar las cosas. Para romper con el yugo de la deuda pública ilegítima, para acabar con la impunidad de corruptos y corruptores, para reponer los derechos sociales y económicos de todos, para establecer una fiscalidad justa y suficiente y para recuperar la democracia.
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